El presidente Alberto Fernández parece estar dispuesto a dejar masticando bronca al sector más radicalizado de la militancia kirchnerista, incluso dentro de su propio Gobierno, y dar marcha atrás con la idea original de expropiar la compañía Vicentin.
Está claro que Fernández tomó nota del revuelvo que generó la decisión anunciada el 8 de junio pasado, cuando dijo que el Estado iba a intervenir por decreto a la empresa santafecina y anticipó que la Casa Rosada se aprestaba a mandar al Congreso un proyecto de ley para avanzar con su expropiación.
Desde entonces, el mandatario consumió largos minutos en entrevistas periodísticas intentando aclarar que se trataba de una medida excepcional y dando explicaciones sobre si la idea había surgido de él, de su grupo de colaboradores más cercanos o bien de la vicepresidenta Cristina Fernández, “jefa” política al sector kirchnerista del Gobierno.
En este contexto, el presidente también parece haber prestado atención al riesgo que supone para su imagen y ponderación de gestión la decisión de expropiar Vicentin, en momentos en los que incluso el humor social comenzó a caldearse debido a la extensa cuarentena por la pandemia de Covid-19.
Lo cierto es que Fernández se mostró abierto a analizar una “propuesta superadora” al anuncio original y en las últimas horas Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, la provincia en donde tiene su sede central Vicentin, presentó un proyecto de intervención de la firma que deja de lado la expropiación.
Perotti se reunió con Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos después de entregar la propuesta al juez del Concurso Preventivo de Acreedores de la compañía, Fabián Lorenzini, de la ciudad de Reconquista y que este viernes dispuso reponer de manera temporal al directorio de la firma.
El magistrado también resolvió que el interventor designado por el Poder Ejecutivo nacional, Gabriel Delgado, cumpla meramente el rol de veedor en la empresa, que acumula un pasivo de casi 100.000 millones de pesos, según consta en el expediente judicial que tiene a su cargo Lorenzini.
“El Gobierno nacional ha trabajado junto con nosotros en esta presentación”, dijo a la prensa Perotti tras la reunión en Olivos con Fernández, que horas más tarde salió a presionar a la Justicia, más específicamente al juez de la convocatoria, para que acepte la “propuesta superadora”, a la que le dio -en principio- su aval.
Después de que Perotti le arrojara un salvavidas a Fernández y lo ayudara a preservar su capital político en medio del desgaste ocasionado por la polémica en torno de Vicentin, el jefe de Estado sostuvo: “Si el juez dice que no, nosotros estaríamos obligados (a expropiar), porque no hay otra solución”.
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Responsabilidad política frente a la pandemia.
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Si bien la polvareda que levantó este asunto es voluminosa, el preocupante aumento de los casos de coronavirus que se registra por estos días en el AMBA podría contribuir, políticamente, para que Fernández logre salir con rapidez de la posición incómoda en la que se encuentra por el conflicto con Vicentin -si la Justicia le otorga luz verde el proyecto de Perotti-.
La situación sanitaria por la pandemia de coronavirus, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), demanda plena atención de las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad, cuyo ministro de Salud, Fernán Quirós, aseguró incluso que “lo peor” aún está por venir.
Con el incremento de casos, aumenta la ocupación de camas de terapia intensiva y crece la incertidumbre -y el temor- sobre el nivel de respuesta que podría ofrecer el sistema hospitalario local frente a un avance más vigoroso de la enfermedad en la Argentina, en plena temporada invernal aquí.
Asimismo, en el AMBA se analiza la posibilidad de regresar a la Fase 1 de la cuarentena, una decisión que, en el caso de tomarse, requerirá un mayúsculo esfuerzo adicional de la población, después de más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y también de los gobiernos para conseguir que se cumpla efectivamente con esa medida.
Toda esta situación ha generado cierto hartazgo en la ciudadanía y verdaderamente se observa un mayor movimiento social en la región metropolitana, justo en momentos en los que parece que el AMBA se está aproximando a ese “pico de contagios” del que tanto venían advirtiendo especialistas sanitarios.
Así las cosas, asesores médicos de Fernández recomendaron al jefe de Estado permanecer “recluido” en Olivos, luego de que la pandemia de Covid-19 comenzara en los últimos días a golpear las puertas de la clase política, con una serie de funcionarios y ex funcionarios que contrajeron el virus.
Tras sus bullangueras visitas a Formosa y a Villa La Angostura, en Neuquén, Fernández se mantendrá “guardado” en la Quinta Presidencial, mientras preocupa el estado de salud del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde -internado en Llavallol con coronavirus-, y generó revuelo la noticia de que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también se había contagiado.
En efecto, Vidal no desempeña cargo político alguno en estos momentos, por lo que no debería ser considerada como “esencial” su presencia, por ejemplo, en la Jefatura de Gobierno porteño días atrás. Allí, se sospecha que propagó el virus y funcionarios de la Ciudad cayeron enfermos.
La ex mandataria provincial también contagió probablemente a su pareja, el periodista Enrique “Quique” Sacco, que durante su propio programa de radio informó que el hisopado la había dado positivo (insólito) y cuya madre, de 88 años, fue diagnosticada en las últimas horas con coronavirus.
Así como se le demanda compromiso a la sociedad frente a las normas dispuestas para prevenir el avance a la pandemia, la clase política también debería mostrar responsabilidad y sensatez, evitando encuentros “no esenciales” y postergando la “rosca” al menos hasta que amaine la emergencia sanitaria.
VICENTIN: EL GOBIERNO ACEPTA DAR MARCHA ATRÁS CON LA EXPROPIACIÓN, AUNQUE PRESIONA A LA JUSTICIA
