Los vecinos y vecinas del barrio porteño de Villa Crespo, continúan en lucha contra el Megaestadio Movistar Arena.
El reclamo sostiene que siga su paso por la Legislatura la medida que intenta que en el megaestadio solo se aprueben espectáculos deportivos, tal como lo sugería el proyecto en un principio.
En la actualidad se realizan shows todas las semanas, por lo que deben soportar, todos los vecinos de la zona, ruidos, vibraciones, contaminación y caos vehicular.
Los vecinos y vecinas de Villa Crespo no se dan por vencidos y continúan creando estrategias y medidas que mitiguen el impacto negativo que les produce el estadio Movistar-Arena, perteneciente al diario La Nación.
Ya se han reunido con funcionarios, legisladores y comuneros, continúan con las volanteadas y hasta realizaron una nueva presentación judicial con la finalidad de resolver los problemas que enfrentan cada vez que hay un recital, tal como ocurre todas las semanas.
El abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, dijo a medios de prensa que “al momento de evaluar el impacto consideraron un evento aislado, un hecho concreto. Lo que no hicieron es evaluar la reiteración de eventos. La acumulación de sucesos a lo largo del tiempo que, si bien pueden parecer ‘mínimos’, cuando se reiteren tres veces por semana a lo largo de una vida los hacen incompatibles con la posibilidad de mantener una calidad de vida adecuada”.
Y además sostuvo que: “El 98 por ciento del estudio de impacto fue sobre la construcción del estadio, no se analizó casi nada del funcionamiento, y nada en absoluto en cuanto al funcionamiento y el entorno”.
Por otro lado están estudiando la posibilidad de llegar a un nuevo reclamo judicial, con el objetivo de reducir la cantidad máxima de espectadores o la cantidad de eventos que se realizan semana tras semana.
Además, esperan que en algún momento se pueda volver a estudiar el impacto ambiental que genera el estadio en el barrio, tomando en cuenta la acumulación de sucesos.
Otro de los ejes sobre los que gira el reclamo de vecinos y vecinas, es que se reduzca el plazo de concesión de 40 a 20 años y que se revierta la exención de impuestos municipales con la que se benefició a las empresas.
