La Jusiticia le prohibió al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podar y extraer árboles hasta que cumpla con la ley de arbolado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo podrá podar o extraer árboles ante un real peligro para personas o cosas y en caso de detectar el incumplimiento de la orden del Poder Judicial, cualquier vecino podrá invocar la presencia de personal policial para el inmediato cese del accionar, así lo dictaminó la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que rechazó las apelaciones del Gobierno porteño y dejó firme el fallo de febrero del juez Guillermo Scheibler que lo obliga a suspender todas sus “intervenciones” mientras no se apegue a la ley 3263 que le exige, entre otras cosas, un acceso total de la ciudadanía a los datos de su gestión sobre el tema y lograr una idoneidad de excelencia en todo el personal a cargo.
Sobre este tema la fundadora de la organización “Basta de Mutilar Nuestros Árboles” María Angélica Di Giacomo, actora clave desde hace nueve años en la lucha vecinal por la protección del arbolado público, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todas las ciudades del país donde se están produciendo estos salvajes actos, expresó “El Poder Judicial nos da la razón. Tanto el Poder Ejecutivo como las Juntas Comunales deben cumplir la ley y preservar el patrimonio arbóreo de la ciudadanía ya que es su responsabilidad y función velar por el bien común y no privilegiar intereses individuales ni económicos. La ciudadanía consciente de los beneficios que brinda el follaje frondoso a la salud pública y ambiental tiene ahora más herramientas para proteger a nuestros árboles”.
Sobre una de las excusas más usuales que esgrimen las juntas comunales a la hora de masacrar los árboles, es que obedecen a los pedidos de los vecinos, argumento que la Cámara de Apelaciones explícitamente rechazó, sobre éste tema dice la referente de “Basta de Mutilar Nuestros Árboles: “es el ordenamiento jurídico aquel que debe preveer cuando la poda o la tala de los especímenes arbóreos de la Ciudad deben ser intervenidos y no la mera voluntad de los particulares.“
Las principales exigencias de la sentencia se centran en garantizar para la población un acceso libre, gratuito y público a un sistema informático que informe y le permita a la ciudadanía controlar todas las acciones sobre el arbolado urbano y acceder al Plan Maestro y al censo informatizado de ejemplares; cumplir con las capacitaciones, evaluaciones técnicas y habilitación de todo el personal a cargo, y que se diseñen y ejecuten tareas de conservación para los árboles existentes, a fin de que la poda no sea su única herramienta. Todas cuestiones ya establecidas en la Ley de Arbolado.
En los fundamentos del nuevo fallo, la Cámara entiende que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires fracasó en la argumentación para probar su cumplimiento de la norma citada, repitiendo agravios ya descartados en la apelación de la medida cautelar que regía mientras la sentencia actual no se encontraba firme. Con esta novedad, al Gobierno porteño ya no le alcanzará con apersonar durante las tareas de intervención del arbolado a un ingeniero agrónomo a cargo con un informe de la Comuna, sino que deberá publicar antes y después toda la información y las justificaciones de su accionar, así como exhibir la idoneidad de los ejecutores ya que dice la sentencia que el Gobierno porteño “ nunca pudo probar ante los tribunales la especialización en materia de arbolado de sus inspectores ni la capacitación de los operarios, desentendiéndose en favor de las empresas contratistas”.
De esta manera, nuevamente quedarán suspendidas todas las intervenciones hasta que el Gobierno porteño se ajuste a derecho, cuando ya había anunciado la próxima “poda verde” que por supuesto debe ser mínima, ya que se hace fuera de época o sea en primavera y verano, en la cual se atribuía una larga lista de excepciones que le permitía continuar con su accionar indiscriminadamente.
Redacción Línea Oeste – Nora Mestre
