Luego de que el Presidente anunciara la suspensión de las clases presenciales por 15 días, Larreta decidió ir a la Corte.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en discrepancia con la decisión del Presidente Alberto Fernández de suspender las clases presenciales durante 2 semanas, para frenar el avance de la segunda ola de covid, anunció ayer que el tema lo llevará a la corte.
En este sentido, tal como lo señaló ayer en conferencia de prensa, Larreta presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar las clases presenciales.
Esta demanda que hacen desde el Gobierno Porteño, es una acción declarativa de inconstitucionalidad para que se le impida al Estado Nacional llevar adelante “cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”, según consignó Infobae. Esta medida busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive.
En La demanda se incluye una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del artículo, donde el decreto de Fernández se refiere a las clases presenciales. En ese sentido, la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.
“El presente caso presenta un conflicto de competencias entre el Estado Nacional y la CABA. Por ello, teniendo en cuenta el carácter federal de las cuestiones involucradas y la jurisprudencia que reconoce el derecho de mi representada de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere a V.E. la tramitación del presente proceso en instancia originaria”, argumentaron en la presentación.
Por otra parte, según consigna el portal Infobae, para argumentar la presentación ante la Corte, los abogados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, indicaron: “Fundándose en la excusa de la propagación de la segunda ola del COVID-19, el Estado Nacional hace tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional, con el objeto de cercenar los derechos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo imponer de manera inconsulta una solución extrema que no encuentra justificativo en la situación epidemiológica actual, en cuanto a su real propagación en el ámbito escolar”.
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