La Comisión Nacional de Monumentos avaló sin modificaciones el plan de demolición parcial del histórico estadio, generando cuestionamientos por la rapidez del proceso y la posible vulneración de normativas patrimoniales.
En una decisión que encendió el debate, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó en tiempo récord el proyecto de remodelación del Luna Park, que contempla la demolición parcial del emblemático estadio declarado Monumento Histórico Nacional en 2007. La iniciativa, impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, propietario de la empresa DF Entertainment, generó una ola de críticas debido a la velocidad del proceso y las posibles implicancias sobre la protección patrimonial del icónico recinto porteño.
La resolución, firmada el 6 de enero, despertó controversia porque el Luna Park está ubicado en un Área de Protección Histórica, lo que impide su demolición o cualquier modificación que altere su volumen original. No obstante, el proyecto aprobado plantea ampliar la capacidad del estadio en un 53%, elevando su aforo de 8.400 a 13.000 espectadores. La rapidez con la que se concretó la aprobación generó suspicacias, ya que trámites similares suelen demorar meses o incluso años.
El plan arquitectónico está en manos de DF Entertainment, empresa que obtuvo la concesión del estadio por un período de 40 años. Como parte del acuerdo, Finkelstein se comprometió a abonar un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión, además de un canon anual del mismo monto. Esta relación contractual despertó cuestionamientos sobre los intereses económicos en juego y la falta de garantías para preservar el valor histórico del recinto.
En este sentido, la Comisión Nacional de Monumentos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, otorgó su visto bueno bajo la dirección de su presidenta, Mónica Capano, y con el aval de Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación de Vacas en la aprobación generó críticas, ya que responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su intervención podría influir en la postura de la administración local respecto al proyecto.
A su vez, el contexto en el que se dio la aprobación encendió las alarmas. El proceso, que demandó apenas dos meses, coincidió con el receso vacacional, lo que reforzó las sospechas sobre una posible maniobra para acelerar la resolución sin una debida discusión pública. Ahora, la decisión final recae sobre el Gobierno de la Ciudad y el papa Francisco, quien debe brindar su conformidad de acuerdo con el contrato de concesión del estadio.
Por su parte, organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler manifestaron su rechazo a la iniciativa y solicitaron acceso al expediente y al acta de aprobación, sin obtener respuesta. Desde estos sectores argumentan que la modernización del estadio es viable sin necesidad de modificar su estructura original ni transgredir las normativas de protección patrimonial.
El Gobierno de la Ciudad, que en un principio había desestimado la factibilidad del proyecto, enfrenta ahora críticas debido a la participación de Vacas en la votación favorable dentro de la Comisión. Este giro en la postura oficial refuerza las dudas sobre una posible presión política para avalar la remodelación del Luna Park.
El futuro del icónico recinto, sede de inolvidables eventos deportivos y culturales, sigue en vilo mientras el proceso de aprobación avanza en medio de un clima de incertidumbre y tensión. La controversia en torno a la preservación del patrimonio histórico y los intereses económicos en juego promete mantener el debate abierto en los próximos meses.
