Dos legisladoras porteñas de la oposición, presentaron una medida cautelar, con la finalidad de suspender el incremento en el valor de los parquímetros.
Las diputadas porteñas que presentaron ante la justicia dicha cautelar son: Myriam Bregman y Alejandrina Barry, ambas del Frente de Izquierda.
La medida es para que se pueda frenar el aumento en el precio del estacionamiento medido que promueve Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno Porteño.
Las diputadas señalaron que “Larreta pretende que los actuales 15 pesos por hora de estacionamiento en la vía pública suban a 32 pesos. Un aumento del 113%”.
Desde el Ejecutivo porteño se llamó a una audiencia pública para viernes 7 de febrero, y organizaciones vecinales instan a participar.
Sin embargo, según manifestó Myriam Bregman, en un mensaje a través de Twitter, el procedimiento que llevó a cabo el Gobierno Porteño, se inició con irregularidades. “Quisimos retirar la documentación para asistir pero la dirección era errónea. Se ‘equivocan’ porque negocio de los parquímetros y el acarreo de autos es muy grande, y lo quieren extender”, aseguró la diputada…
En una nota en La Izquierda Diario, informaron que la medida cautelar quedó a cargo de Pablo Mantarás, Juez en lo contencioso administrativo y tributario, responsable de estudiar la situación y determinar la suspensión o no de la auditoría que estaba estipulada para este próximo viernes en horas del mediodía.
El escrito que se presentó el lunes pasado, impugna el decreto del GCABA 11/20 publicado en el Boletín Oficial por considerarlo “insanablemente nulo”.
“En el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos de la Ciudad que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio en la ciudad con vehículos del país con un transporte público que tiene enormes baches”, señalaron las diputadas Bregman y Barry, mediante un comunicado.
En el comunicado, se pudo descubrir los errores que había en la difusión de la Audiencia Pública, siendo uno de ellos que el Gobierno Porteño “difundió una dirección errónea para acceder a la documentación sobre el aumento. Tras asistir a la dirección indicada en la publicación oficial, nos encontramos con una asociación civil sin relación con la audiencia, ni los parquímetros”.
Las legisladoras aseguraron que se trata de un negocio ‘redondo’ para las empresas, en detrimento de los vecinos y vecinas de la ciudad, porque “las empresas encargadas de los acarreos pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo periodo. Es realmente una estafa”.
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