Vivimos una encrucijada civilizatoria, cuyo alcance y consecuencias todavía inciertas envuelve las diferentes esferas de la vida. Para comenzar, la pandemia ha desnudado y agudizado las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca, y ha tornado necesario retomar aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables, para encontrarle una salida diferente a la crisis que vivimos.
Como pocas veces visto, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales, a la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres inter y ecodependientes, a repensar en una reconfiguración integral, esto es, social, sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos.
Así, la capacidad del Estado,
que hoy aparece como fundamental para superar la crisis a nivel global y nacional,
debe ser puesta al servicio de un gran Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y
Económico, para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al
planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que
podría suceder es que, en su propósito de volver a crecer económicamente, el
Estado apunte a legislar contra el ambiente, acentuando la crisis ambiental y
climática, así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos
sociales. Hay que entender de una vez por todas que las Justicias Ecológica y
Social van juntas, que no sirve una sin la otra.
Desde nuestra perspectiva,
cinco son los ejes fundamentales del Pacto Ecosocial y Económico a debatir: un
Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión
del pago de la Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta
seria y radical a la Transición socioecológica.
1- La actual catástrofe pone
en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que le
abra la posibilidad de una vida digna. Para acceder a este Ingreso universal o
Renta básica, impulsado históricamente en nuestro país por el economista Rubén
Lo Vuolo[1]
y ciertas organizaciones sociales, no se requiere ninguna otra condición
personal que la de existir, y con ello, la de ser ciudadano. A diferencia de
las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se han venido
implementando en la región latinoamericana y en nuestro país en las últimas
décadas, el Ingreso Universal Ciudadano está desvinculado del empleo
asalariado, no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la
pobreza (como sucede con los planes sociales focalizados) ni el clientelismo, y
pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos. Lejos
de ser algo irrealizable, el Ingreso Universal hoy está en el centro de debate
de la agenda global, así como lo está la propuesta de reducir la jornada de
trabajo estableciendo un límite de, al menos, entre 30 y 36 horas semanales,
sin disminución salarial. Entre otros beneficios, esto último no solo mejoraría
la calidad de vida de los y las trabajadoras sino que permitirían la creación
de nuevos puestos de empleos para cubrir las horas reducidas. Pero, además, una
apuesta al reparto de tareas, implicaría afrontar proactivamente la realidad de
la automatización de los procesos de producción y el avance de la sociedad
digital, sin tener que multiplicar por ello la desocupación y la precarización
del empleo.
- La
implementación del Ingreso Universal no solo pone en el centro de la escena la
cuestión de la ciudadanía sino también la necesidad de contar con sistemas
impositivos progresivos, como base para su factibilidad y buen funcionamiento.
No hay que olvidar que nuestro país cuenta con un sistema fiscal regresivo,
basado en los impuestos indirectos o al consumo (como el IVA) y un impuesto a
las ganancias (incluyendo el impuesto al salario) que golpean sobre todo a los
sectores medios y bajos. Los grandes patrimonios, las herencias, los daños
ambientales, las rentas financieras, son todas fuentes tributarias que tienen
nula o muy baja presencia en el sistema impositivo del país. Como afirma José
Nun, ex secretario de Cultura, quién hace tiempo viene tallando en estos temas,
“esta vía exige una reforma impositiva profunda, cuyo significado e importancia
deben instalarse en la conciencia colectiva para distinguirla de los parches y
remiendos que hoy reciben ese nombre”[2].
Así, el segundo eje del Pacto Ecosocial y económico no solo apunta a un
necesario impuesto a las grandes fortunas que coadyuve a afrontar el costo de
la crisis. También es imprescindible una Reforma Tributaria Progresiva que
reconfigure desde la base el actual sistema fiscal en todas las jurisdicciones,
en un sentido equitativo, y que incluya desde el impuesto a la herencia
erradicado de un plumazo por Martínez de Hoz durante la última dictadura
militar, además de nuevos impuestos verdes a las actividades
contaminantes.
No podemos tolerar que, tal
como ya sucedió a nivel global con la crisis financiera de 2008, el Estado
salga a socorrer a los bancos y entidades financieras y terminen siendo los más
vulnerables quienes financien esta crisis. La concentración de la riqueza a la
que asistimos en esta fase del capitalismo globalizado y neoliberal es solo
comparable con aquella propia del capitalismo desregulado de fines del siglo
XIX y principios del XX. Mientras tanto, aunque la pobreza haya disminuido,
según los períodos y las sociedades, las desigualdades aumentaron, tanto en el
Norte como en el Sur global. Según datos de la organización Oxfam, el 1% más
rico de la población mundial posee más del doble de riquezas que 6900 millones
de personas: casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al
día. En materia ecológica, los datos también escandalizan: solo 100 grandes
empresas transnacionales son responsables del 70% de los gases de efecto
invernadero a nivel global.
- En momentos extraordinarios es cuando se justifican
la suspensión de las grandes deudas de los Estados. No hay que ser radical ni
heterodoxo en materia política y económica para darse cuenta de ello. En las
economías desarrolladas la deuda total –hogares, empresas, gobierno- representa
el 383% del PBI. En las economías emergentes, es del 168%.[3]
Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus
habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de inédita recesión
económica global y nacional como al que asistimos, mucho menos tampoco en una
situación de casi default que nuestro país heredó, sobre todo debido a los préstamos contraídos por la
gestión anterior que solo sirvieron para fugar dinero y sostener déficits
fiscales que no beneficiaron a los sectores más vulnerables. Hace unas semanas,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), propuso un nuevo Plan Marshall que libere 2,5 billones
de dólares de ayuda a los países emergentes, que implique el perdón de las
deudas, un plan de habitacional en servicios de salud, así como programas
sociales. Por ende, la necesidad de rehacer el orden económico mundial, que
impulse incluso un jubileo de la deuda, hoy aparece como viable y
plausible.
- La pandemia debe abrir paso a la construcción de
sociedades ligadas al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y
el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia también en las
políticas públicas. Así, es necesaria la implantación de un Sistema Nacional
Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas mayores en
situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y
demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Una vez
superada la pandemia, tanto a nivel global como nacional, la recuperación de la
economía debería priorizar tanto el fortalecimiento de un sistema nacional de
salud y de cuidados, que exige un abandono de la lógica mercantilista, clasista
y concentradora, generadora de ganancias para los monopolios farmacéuticos, y
un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado,
así como el equilibrio y el cuidado de la Madre Tierra.
Vinculado con los problemas en
la salud de la actual pandemia, recordemos que los virus más recientes–como el
SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el COVID-19- están relacionados con la
destrucción de hábitats de especies silvestres para plantar monocultivos a gran
escala.[4]
Es necesario dejar el discurso bélico detrás y asumir las causas
socioambientales de la pandemia, para colocarlas en la agenda política-estatal
y responder así a los nuevos desafíos. En esa línea, las voces y la experiencia
del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la
agenda pública la inextricable relación que existe entre cuidado, salud y
ambiente, de cara al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias,
sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y a la
agravación de la crisis climática.
- No podemos invisibilizar más los debates sobre la
crisis ecológica y el colapso climático. Es momento de que la Argentina
comience una Transición Socioecológica, una salida ordenada y progresiva del
modelo productivo netamente fosilista y extractivista que predomina. Transición
y Transformación, pues se trata de avanzar en un cambio del sistema energético,
hacia una sociedad post-fósil basada en energías limpias y renovables, algo que
no ha sido posible ni pensable en un contexto en el cual la visión eldoradista
asociada a Vaca Muerta obturó aún más la expansión de imaginarios alternativos
y sustentables en torno a la energía.
Por otro lado, la caída
estrepitosa del valor del barril del petróleo pone fin a la apuesta a la
explotación de combustibles fósiles no convencionales que se había instalado en
nuestro país desde el descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta, hace poco
menos de una década. Lo cierto es que la inviabilidad económica de Vaca Muerta
se evidencia desde hace varios años mediante los millonarios subsidios que
gozaban las compañías petroleras para sostener la producción, solventados por
enormes aumentos de tarifas a los consumidores. Así, el derrumbe histórico del
precio del petróleo desbarata el “Consenso del fracking”[5]
que unía sectores del campo político y económico, y deja bajo tierra el mito
eldoradista sobre este yacimiento -aquel que lo mostraba como “el salvador” de
nuestro país-, al tiempo que abre también una oportunidad extraordinaria para
repensar totalmente el sistema energético.
Tal vez sea utópico pensar que
Argentina tenga el 100% de sus energías renovables en el año 2040, pero ésa es
la dirección que el país debe encarar; y no la explotación de Vaca Muerta, que
obtura cualquier posibilidad de transición y transformación socioecológica
exitosa. Al mismo tiempo, se trata de avanzar también en términos de democratización,
pues la energía es un derecho humano, y una de las principales tareas en un
país como el nuestro es terminar con la pobreza energética que caracteriza a
las barriadas populares. Así, la justicia social y la justicia ambiental deben
ir articuladas.
La otra cara de la transición
es potenciar la agroecología para transformar el sistema agroalimentario
argentino mediante la creación y fomento de cinturones verdes de agricultura
ecológica en ciudades y pueblos de todo el país generando empleo y garantizando
alimentos sanos, seguros y baratos. Además, esto promueve la soberanía
alimentaria con sistemas de producción y distribución dirigidos al desarrollo
de mercados locales agroecológicos de pequeños productores, solidarios que
fomenten una cultura asociativa y comunitaria y una responsabilidad ciudadana
en el consumo. Se puede comenzar con la obligatoriedad de compra por parte de
los gobiernos a estos productores para escuelas, hospitales y demás organismos
públicos. Esto fomentaría el arraigo en pequeñas y medianas ciudades
semirurales si se complementa con acceso a la tierra, la vivienda, la salud (de
calidad), la educación (en todos los niveles, desde jardines de infantes hasta
la universidad) y los alimentos.
El Antropoceno como crisis es
también un Urbanoceno. Tengamos en cuenta que en Argentina el 92% de la
población vive en ciudades (el promedio mundial es de 54%) concentrada en un
30,34% de nuestro territorio. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el
0,4% de la superficie total del país, vive el 31,9% de la población total.
Habitamos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria (cuya
contracara es la emergencia habitacional y la insuficiencia de espacios verdes)
y dominadas por la dictadura del automóvil (con transportes públicos
saturados). Esta característica puso bajo la lupa a las vidas urbanas en
cuarentena y evidencia la necesidad de un cambio radical en la forma en que
vivimos en las metrópolis. Debemos ruralizar la urbanidad, sobre todo en las
grandes ciudades donde la relación con la Naturaleza es prácticamente nula.
Debemos reparar la separación que tienen los habitantes urbanos respecto de la
naturaleza y también sobre las fuentes de nuestra alimentación y nuestra
vida.
Por último, estamos
convencidos que parte fundamental del Pacto Ecosocial y Económico es el
reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza, en otras palabras, los
seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derecho (y no como
un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos
y capacidades.
Necesitamos reconciliarnos con
la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y
no de destrucción. Nadie dice que será fácil pero tampoco es imposible. Pero no
nos engañemos: el “retorno a la normalidad” es el retorno a las falsas
soluciones. Tampoco “volver a crecer como antes” es la salida. Solo podría
conducir a más colapso ecosistémico, a más desigualdades, a más capitalismo del
caos. Con todo lo horroroso que ha traído la pandemia, es cierto también que
estamos ante un portal: el debate y la instalación de una agenda de transición
justa por la vía de un Gran Pacto Ecosocial y Económico puede convertirse en
una bandera para combatir el pensamiento neoliberal -hoy replegado-, neutralizar
las visiones colapsistas y distópicas dominantes y vencer la persistente
ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas, que privilegian la
lógica del crecimiento económico así como la explotación y mercantilización de
los bienes naturales.
La apuesta es construir una
verdadera agenda nacional y global, con una batería de políticas públicas,
orientadas hacia la transición justa, que requieren de la participación y la
imaginación popular, así como de la interseccionalidad entre nuevas y viejas
luchas, sociales e interculturales, feministas y ecologistas. Esto plantea sin
duda, no solo la profundización y debate sobre todos estos temas, que hemos
intentado presentar de modo sumario aquí, sino también la construcción de un
diálogo Norte-Sur; Centro/Periferia, sobre nuevas bases geopolíticas, con
quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición
del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad.
. . . . . . Texto publicado en Revista Anfibia. Abril 2020. Por Maristella Svampa y
Enrique Viale
[1]
Ver: https://ingresociudadano.com.ar/archivos/579
[2]
Ver:https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/la-decadencia-argentina-paradoja-inclusion-nid2346386
[3] Ver:https://www.sinpermiso.info/textos/situacion-de-la-economia-mundial-al-principio-de-la-gran-recesion-covid-19referencias-historicas
[4]
Ver: http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planeta-devastado/
[5]
Ver: https://www.sinpermiso.info/textos/el-avance-del-consenso-del-fracking
