20 de marzo, 2023

A una semana de la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador, instancia en la que se busca acceder a justicia y reparación para Beatriz y su familia, ¡seamos marea!

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Beatriz

Una mujer/madre joven, de una zona rural de El Salvador, en pobreza extrema y con lupus, que luchó contra el Estado salvadoreño para que le permitiera interrumpir un segundo embarazo, luego de que el producto fuera diagnosticado como anencefálico, una malformación que impide que se desarrollen el cráneo y el cerebro, e imposibilita la vida fuera del útero.

Un año atrás, a los 21 años, Beatriz fue madre, luego de varias intervenciones médicas hospitalarias por un embarazo de alto riesgo debido a anemia severa, artritis reumatoide, hipertensión arterial, preeclampsia y lupus agravada con nefropatía lúpica. Luego de una cesárea, conoció a su hijo prematuro tras 38 días de internamiento.

Cuando su hijo tenía apenas 9 meses, Beatriz quedó nuevamente embarazada. En esta ocasión, su cuerpo tenía menos posibilidades de soportar y llevar a término el embarazo, pero, además, los médicos diagnosticaron desde el inicio que el producto venía con malformaciones y que no había esperanza de vida una vez nacido. El personal médico coincidía: era necesario interrumpir el embarazo, pues cada día se agravaba el estado de salud de Beatriz, ya mermado por el primer y reciente embarazo.

En 2013, la historia de Beatriz conmocionó y acaparó la atención de personas, organizaciones, medios de comunicación, sociedades médicas, líderes de opinión y tomadores de decisión en distintos países y regiones del mundo porque evidenció la escandalosa cerrazón del Estado salvadoreño. Su negación para flexibilizar las leyes y políticas en materia de aborto, así como su falta de voluntad política y acción inmediata para evitar afectaciones directas a Beatriz -incluso cuando su vida estuvo en mayor riesgo-, trascendió los límites territoriales y detonó la presión social nacional e internacional.

A pesar de los dictámenes médicos que desde el primer momento establecían la interrupción del embarazo como procedimiento inmediato para salvaguardar la vida de Beatriz, la exigencia social y de organizaciones sociales, así como el monitoreo de los organismos de derechos humanos, el Estado salvadoreño se negó a autorizar el procedimiento. Beatriz fue forzada a continuar con el embarazo inviable durante casi 3 meses más, a costa del detrimento de su salud y la pérdida de años de vida.

Finalmente, tras la intervención de la Corte IDH, el Estado salvadoreño fue obligado a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo el 3 de junio. Siete días después, Beatriz fue dada de alta según lo solicitó.

Beatriz, la mujer que puso al descubierto ante el mundo los graves impactos de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, murió el 8 de octubre de 2017. Su deteriorado estado de salud, por la enfermedad que padecía, provocó que las consecuencias de un accidente de tránsito se agravaran; después de haber sido dada de alta, presentó problemas respiratorios y dos paros cardíacos.

Desde entonces, las organizaciones de sociedad civil que acompañaron a Beatriz durante todo el proceso de interrupción mantienen un proceso de litigio ante la CIDH en contra el Estado salvadoreño; buscan honrar la memoria de Beatriz y exigen la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición para asegurar que ninguna niña ni ninguna mujer se verá forzada a pasar por lo que Beatriz pasó, además de la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas.