Los animales fueron liberados por la Policía de la Ciudad, que tomó conocimiento de la situación a partir de la denuncia de los vecinos debido a las pésimas condiciones en las que vivían los perros y fueron trasladados a un refugio
Luego de una denuncia de los vecinos por presunto maltrato animal, la Policía de la Ciudad rescató un total de 17 caniches de distintas edades que se encontraban en un criadero ilegal que funcionaba en la parte trasera de la casa de una pareja que se dedicaba a venderlos por Internet.
El operativo se realizó en un domicilio ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde los perros estaban viviendo en malas condiciones de higiene y de salud luego de tomar conocimiento de los hechos a partir de un llamado al 911.
El procedimiento lo encabezó el personal de la División Delitos Ambientales junto a la División Canes en un inmueble ubicado en la calle Tonelero al 7000, donde una pareja de adultos se dedicaba a criar perros para luego ofrecerlos a la venta por una página de internet.
La investigación había comenzado antes por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF) que realizó un trabajo de campo a través del cual pudo determinar que los propietarios tenían a los animales en malas condiciones y que los comercializaban sin el correspondiente permiso de las autoridades.
Fue entonces que se inició una causa que quedó en manos de Carlos Rolero Santurián, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, y del juez José Beguelin, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 2, quien dictó una orden de allanamiento de la vivienda en cuestión.
En el momento de ingresar a la vivienda, los agentes de seguridad encontraron a los caniches enjaulados, hacinados y en pésimas condiciones de higiene, mientras que un veterinario que también participó del operativo detectó en algunos de ellos tumores y otras posibles enfermedades.
Al observar este deterioro en los animales, Beguelin dispuso trasladar a los 17 perros encontrados a una ONG para su recuperación, en tanto que el fiscal Rolero Santurián pidió imputar a los propietarios del inmueble por maltrato y crueldad animal.
A su vez, las Divisiones de Delitos Ambientales y de Canes de la Policía de la Ciudad, en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental porteña, decidieron clausurar el domicilio donde funcionaba el criadero ilegal en el que estaban los caniches que, según detallaron fuentes judiciales, tampoco tenían constancia de atención médica ni libretas sanitarias.
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