Por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis
8 de agosto de 2021
Las ocupaciones de predios privados en Guernica y en Entre Ríos generaron un fuerte debate con relación a la propiedad privada, la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda. En este contexto, el jefe de gobierno porteño Horacio Larreta hizo declaraciones sobre el derecho de propiedad y escribió lo siguiente:
“Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos son condición para el desarrollo, el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos. Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley. Y no hay ley más importante que la Constitución Nacional. Y, como marca la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable y sólo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma”.
Tierras públicas para los amigos
El derecho de propiedad del Estado en la ciudad, sucumbe frente al principal desarrollador inmobiliario y terrateniente que es la empresa IRSA.
La Justicia en 2019 ha sentenciado que el shopping a cielo abierto de la empresa IRSA conocido como Distrito Arcos, ubicado en Av. Juan B Justo y Av. Santa Fe, está ocupando ilegalmente tierras de la ciudad.
Las leyes para la urbanización de esos terrenos ferroviarios, dictaminan que se debió transferir la propiedad del 65% del predio a la ciudad para que sea destinado a espacios públicos y espacios verdes. El shopping fue inaugurado en 2014 y la empresa está explotando más de dos hectáreas que deberían estar destinadas al uso común bajo la propiedad estatal.
Este año también la empresa IRSA, conjuntamente con el Grupo Portland, tuvieron un revés judicial que suspendió la construcción del emprendimiento inmobiliario llamado Ciudad Palmera en el playón ferroviario de Caballito.
Los permisos son ilegales y los vecinos denunciaron que el gobierno no exigió a la empresa IRSA la entrega de una superficie de terreno de entre 6.000 y 12.000 metros cuadrados para espacio público.
El Código de Planeamiento es muy claro. Al urbanizar un predio mayor a 1,5 hectáreas, entre el 25% y el 50% deben ser transferidos al dominio estatal para ser destinados a espacios públicos y espacios verdes. Ni un metro cuadrado fue cedido y van construir otro shopping a cielo abierto (street mall) y un complejo inmobiliario con edificios de diez pisos.
Venta de tierras públicas sin ley previa
La afirmación de que sólo una ley previa indemnización puede privar del derecho de propiedad sobre un bien, Larreta lo dice pero no lo cumple. El gobierno vendió los predios de Casa Amarilla, que estaban destinados para hacer viviendas populares, al Club Atlético Boca Juniors.
Esta privatización no tuvo ninguna aprobación por parte de la Legislatura porteña y no considero la ley 2.240 que declaró la emergencia urbanística y ambiental del Barrio La Boca y había destinado estas manzanas para la construcción de viviendas y un gran parque público.
Parques públicos vendidos con leyes que no son leyes
Otro parque público que Larreta vendió son los predios de Costa Salguero, ubicados en la Costanera Norte, que tanto la Constitución como el Plan Urbano Ambiental determinan que en la totalidad de su superficie debe ser un espacio de libre acceso y circulación. La Ley del Distrito Joven, aprobada en 2018, autorizo la explotación comercial de un sector destinado a ser un Parque Público.
Luego a fines de 2019 se aprobó la ley 6.289 que autorizó la venta de este predio, que hace más de 25 años espera para transformarse en un parque público y hacer realidad la recuperación de la Costanera y la mirada al río como exige la Constitución.
La justicia suspendió cautelarmente la venta del predio de Costa Salguero porque detectó que la ley no había cumplido el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución de la ciudad.
Larreta sostiene que la seguridad jurídica es un valor esencial. Pero sus legisladores y legisladoras votan leyes sin respetar nada, ni el procedimiento de doble lectura o las convocatorias a audiencias públicas obligatorias que exige la Constitución. La ciudadanía porteña no tiene la seguridad jurídica de que lo que se publica en el Boletín Oficial como ley sea ley.
Vaciamiento del banco de inmuebles
Por otra parte, existe un vaciamiento histórico del banco de inmuebles de la ciudad donde tampoco se encuentra un interés de defensa de la propiedad pública. En los últimos 13 años se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras públicas en la ciudad, para la construcción de emprendimientos inmobiliarios suntuosos y explotaciones comerciales, y no para atender las problemáticas habitacionales, ambientales y alimentarias de la población.
Función social y ecológica de la propiedad pública
La propiedad, tanto la privada como la pública, deben cumplir una función social y ecológica. Vender la Costanera para autorizar la construcción de torres en una ciudad que se encuentra en crisis ambiental y que tiene el mandato constitucional de recuperar la cultura ribereña y la mirada al río no es un ejercicio adecuado de la propiedad pública.
El derecho de propiedad se ejerce dentro de las leyes que regulan su ejercicio. Las leyes que regulan la gestión de la propiedad pública son desconocidas cotidianamente por la gestión de Rodríguez Larreta.
El 29 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la autorización para instalar una estación de servicio en proximidades del Aeroparque (en el predio de Costa Salguero) y sobre un predio destinado a parque público. No existe ninguna normativa que autorice ese uso en dicho predio.
Si Larreta no estuviera tan blindado por los medios a través de las jugosas pautas publicitarias que distribuye y por un sistema judicial que maneja a discreción, tendría que dar muchas explicaciones en la justicia. Tiene total impunidad.
