Por Ricardo Guaglianone
“Art. 9 – Prorrogase la declaración de emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuada por la Ley 6.301, hasta el 31 de diciembre de 2021…”
Con la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, votada en 2019, el jefe de gobierno sigue teniendo la habilitación de súper poderes para disponer, casi sin límites, del actual presupuesto de la ciudad que es de $ 81.746.000.000, similar a las partidas de la ciudad de Madrid, Estocolmo o Zúrich.
En 2019, la ley creo una comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento (presidida por el oficialismo) que seguirá “controlando” al ejecutivo, que puede reasignar partidas con la sola firma de Rodríguez Larreta, a quien además, le autorizaron de disponer de tierras públicas de la ciudad y venderlas a emprendedores inmobiliarios en condiciones que el Ejecutivo considere apropiadas, sin otro control institucional.
Otro punto de la norma, es la utilización de los fondos de la Ley de Juego que corresponden al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que ahora recibirá solo un 35% de las utilidades, el otro 70% va a una cuenta única que maneja a discreción el poder ejecutivo.
La Ley de Emergencia prorrogada aplica para todos los poderes del estado porteño, organismos externos, Comunas, Defensoría del Pueblo y demás entes de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta ley no prevé medidas de protección de los sectores productivos afectados por la pandemia del coronavirus y tiene una discrecionalidad, decididamente obscena, de los fondos públicos: todo lo que se recauda en la ciudad, va a la Cuenta Única del Tesoro y no se puede especificar cuánto dinero es, ni de dónde vino, ni en qué se gastara. Eso lo decide el Ejecutivo, según la sesión de poderes que realizo la Legislatura para Larreta.
Es indudable que la Legislatura que funciona como una escribanía del PRO: posee la mayoría en el recinto con el apoyo de los bloques de Lousteau, Cortinas y Carrio que votan sin chistar todo lo que envía el ejecutivo.
Destrucción de la Democracia Participativa
La Ciudad Autónoma tiene tres millones de habitantes desde hace unos 40 años y el presupuesto ($81.746.000.000) debería ser monitoreado, controlado por los ciudadanos a través de las Comunas en la ciudad. La Ley 1777 reglamenta el Título Sexto de la Constitución porteña, (creación de las comunas), pero el ejecutivo no le adjudica presupuesto para el funcionamiento autónomo ni respeta
las atribuciones propias de las comunas, lamentablemente dos solas: autonomía de decisión sobre calles laterales y espacios verdes, que el gobierno central no respeta nunca.
Ningún bloque en la legislatura y menos el jefe de gobierno cumplen el mandato de la Carta Magna que define el modelo de gestión de la ciudad como democracia participativa, no como democracia representativa.
Es decir, las autoridades electas deberían dar, por mandato constitucional, una gran participación a los ciudadanos en la definición de las políticas públicas y en el manejo del presupuesto de la ciudad. Exactamente lo contrario a que el jefe de gobierno tenga super poderes.
La descentralización es letra muerta
El paso más destacado para cumplir con la Democracia Participativa, es la descentralización del poder a través de las comunas. Esta instancia constitucional, expresada en el Capítulo 6, tiene una importancia jurídica igual a la Legislatura o al Ejecutivo de la ciudad y esta ordenada su implementación en el Capítulo 2, que crea los “gobiernos comunales autónomos” donde la democracia participativa tendría su real proyección.
Ningún bloque legislativo de los distintos partidos y menos el gobierno central le dan importancia a este tema, a tal punto que las comunas no disponen de presupuesto asignado por ley y nunca figura como prioridad en ninguna campaña política cuando hay elecciones.
La importancia de analizar en qué se gasta el dinero en la ciudad, quien define los objetivos y quienes controlan las prioridades es fundamental y es inconstitucional que se excluya a los vecinos en estas instancias.
¿Puede el jefe de gobierno disponer de tamaña fortuna sin respetar los mecanismos constitucionales de democracia participativa?
¿Por qué razón no se asigna presupuesto por ley a las comunas de la ciudad?
¿Por qué los legisladores porteños de todos los partidos se manejan como si fuera una democracia representativa cuando no lo es?
A nuestro entender, dos instancias son claves en las próximas elecciones de 2021 en la ciudad: 1) que ninguna fuerza política tenga mayoría en la Legislatura y 2) en las elecciones del 2023, se debería separar la elección de jefe comunal de la de jefe de gobierno, como marca la Ley de Comunas.
De esta manera, ningún partido define solo el destino de la ciudad y los vecinos pueden elegir candidatos comunales que se comprometan con el destino de cada barrio en cada comuna, con propuestas electorales cercanas a los vecinos.
La mayoría que tiene el PRO en la legislatura de la ciudad, excluye a los vecinos en la definición de políticas públicas y en el control del presupuesto, que manejado en forma unipersonal por Larreta, es profundamente anti constitucional.
