El domingo 2, por la mañana, en su informe diario por los medios de comunicación, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, anunció una medida que comenzó a aplicarse a partir del lunes 3. Es un decreto del presidente Fernández, por el cual se suspenden, por quince días, las reuniones sociales en todo el país.
La razón de esta decisión está fundamentada en el aumento de los casos en varias provincias, con la aparición de nuevos brotes donde se encontraba controlado el nivel de contagio. Esto es independiente de lo que sucede en el AMBA, donde también se aplicará, pero que viene seguida muy de cerca la marcha del virus por la alta densidad demográfica que produce un comportamiento de la enfermedad muy arriba del resto del país. Carla Vizzotti comentó los motivos de esta decisión del gobierno: «Se observó un aumento importante de casos de Covid-19 en las provincias que pasaron del Aspo (aislamiento social preventivo y obligatorio) al Dispo (distanciamiento social preventivo y obligatorio)».
El riesgo del relajamiento con la idea que terminó el peligro de contagio, es muy contraproducente. Hay que cuidar mucho que esto no suceda. Así ha ocurrido en otras partes del mundo, después de los períodos de aislamiento, la gente siente la ansiedad de volver a otras etapas que todavía no se está en condiciones de llegar. Es imperativo, en estas condiciones, que comprendamos la necesidad de preservar la salud. Se irán incorporando actividades de a poco. Con los protocolos correspondientes. De otra forma, se tirará por la borda con el esfuerzo realizado, que fue y sigue siendo muy intenso. Mientras no aparezca la vacuna eficiente y suficiente, no hay otra alternativa. Hay algunas provincias que realizaron infinidad de reuniones sociales de un alto número de personas. Es un foco de infección muy peligroso. Este DNU es la respuesta de Fernández a lo que manifestó el mismo, el viernes 31 de julio, al anunciar como seguía la cuarentena: «En esta nueva etapa se mantendrá la prohibición de realizar encuentros sociales. Quienes incurrieran en la violación del aislamiento estricto en las casas deberán enfrentar consecuencias penales por favorecer la transmisión de una enfermedad. La medida continuaría sin flexibilizaciones hasta el 16 de agosto».
En oportunidad de esos anuncios, el presidente señaló que volvieron a crecer los casos en las provincias de Córdoba, Jujuy, Mendoza, sur de Santa Fe y Chaco. En relación a todas estas circunstancias, Carla Vizzotti, se expresó con estas consideraciones: «Es por eso que en el DNU con esta nueva normativa y por estos 15 días, hasta el 16 de agosto, se van a suspender las reuniones sociales en todo el territorio nacional. La medida apunta a que se puedan controlar los lugares donde se producen los brotes y para que no se minimice la posibilidad de que eso también ocurra en los lugares sin contagios».
Ese mismo viernes, Alberto Fernández, puso especial énfasis en mencionar que en los últimos quince días se duplicó la cantidad de muertes cada 24 días. Ahora estamos en un promedio diario de 80 fallecidos por COVID-19. La secretaria de Acceso a la Salud refuerza la decisión definiendo la importancia de la misma: «El riesgo aumenta en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas, como donde no está autorizado y se realizan igual. En esas circunstancias suelen distenderse los cuidados, como el uso de tapabocas, el lavado de manos, mantener los ambientes ventilados o los 2 metros de distancia».
La decisión tomada por el gobierno, de prohibir las reuniones sociales, para evitar se incumpla el distanciamiento ante la emergencia sanitaria, ha generado distintas manifestaciones de una gran diversidad. Algunos apoyando y otros cuestionando las medidas tomadas. El especialista en temas constitucionales, Daniel Sabsay comentó de esta manera: “El problema no es la prohibición sino que esté vinculada con un tipo de delito penal. Se está asociando la prohibición con el artículo 205 del Código Penal sobre la comisión de un delito contra la salud. Esto es inconstitucional porque la Constitución prohíbe al Presidente crear un DNU en materia penal. Además, el principio de legalidad dice que los delitos penales solo se pueden crear por ley”.
El infectólogo Eduardo López defiende la suspensión de las reuniones y recomienda: «La medida debería entenderse y respetarse. Tiene como objetivo prevenir el contagio de coronavirus. Fue una recomendación que dimos desde el comité de expertos, en esta etapa de la pandemia es importante evitar las reuniones, especialmente en ambientes cerrados. Esto es lo que aconsejamos. Cómo se implementa es un tema que nos excede”. A estas expresiones las completa ampliando los conceptos en que se fundamentaron: “En las reuniones familiares se incrementan las posibilidades de contagio. La ventilación en invierno no suele ser buena, en la mesa no se respeta el distanciamiento social ni tampoco se usa el barbijo”.
Otro constitucionalista, el abogado Félix Lonigro, sostiene que “El decreto en la parte en que se prohíben las reuniones sociales en los domicilios es escandaloso desde el punto de vista jurídico. Es grotesco, es arbitrario. Se ha sobrepasado un límite que hace mucho tiempo no se sobrepasaba. Todos los derechos son susceptibles de ser restringidos, pero para que esa restricción sea válida tiene que haber una ley y además tiene que haber razonabilidad en la restricción. La restricción de un derecho a medida que va pasando el tiempo lo va tornando irrazonable”.
Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, en su habitual conferencia de prensa, donde informa paso a paso la marcha de la emergencia, respaldo las medidas tomadas: “Todos reflexionemos que ese tipo de encuentros es extremadamente peligroso. Es imposible predecir cómo seguirá la evolución de la pandemia en la ciudad. Esta semana va a ser importante para comprender cómo se comporta la curva de la ciudad”. Sobre el peligro que representa este tipo de encuentros, es un tema que la ciudad lo tiene muy bien estudiado: “El lugar interior mal ventilado para con más de cuatro personas es el lugar perfecto para que el virus se transmita persona a persona”. Resaltó que esa normativa ya existía para el AMBA. La diferencia es que ahora se aplica para todo el país para tratar de parar el aumento de los contagios en regiones que estaban bastante controlados. Se despide Quirós recordando: ««Las familias, los vecinos, amigos y consorcistas, pongan en el diálogo local qué podemos hacer para evitar incumplir esta normativa que prohíbe una práctica que es tan peligrosa”
Por Francisco Grillo
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