El oficialismo logró alcanzar un acuerdo político en el Congreso que permitiría sancionar la nueva Ley de Financiamiento Político para habilitar a las empresas a realizar aportes de campaña, aunque lo consiguió, paradójicamente, cuando los empresarios empiezan a tomar distancia del Gobierno de Mauricio Macri.
Tras ser aprobado por el Senado, el proyecto obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos contó con el respaldo del Bloque Justicialista y del Frente Renovador, cuya firma, si bien fue en disidencia, es un apoyo más para que la iniciativa llegue al recinto.
Fuentes del oficialismo y de la oposición indicaron a NA que hay un acuerdo para que la ley avance: “Todos metieron mano en el proyecto, todos aportaron algo, incluido el massismo, así que en Diputados lo lógico es que salga”, graficó ante esta agencia un senador que participó de ese trabajo.
El consenso alcanzado después de un año de desacuerdos entre el oficialismo y la oposición en el Senado fue pacientemente construido por el senador justicialista Dalmacio Mera y la diputada de Cambiemos Silvia Lospennato, quienes fueron ajustando el proyecto de acuerdo a las observaciones de legisladores de todos los bloques.
Afuera de ese acuerdo quedó el kirchnerismo, que entre sus varios argumentos para rechazar el proyecto tiene la idea de que los aportes por parte de empresarios sólo beneficiarán a los espacios políticos “de derecha”, los pro mercado, es decir -para la perspectiva K- a Cambiemos.
Pero se da una paradoja: en la misma semana en que Cambiemos destrabar este proyecto, el empresariado argentino parece no estar tan convencido de financiarle la campaña para la reelección al presidente Mauricio Macri y, casi sin ningún disimulo, alientan a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a lanzarse.
En el reciente almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyp) al que asistieron la gobernadora y los empresarios más importantes del país, el llamado “círculo rojo” prácticamente la eligió como su candidata.
El discurso del presidente del CiCyp, Daniel Funes de Rioja, en ese evento no dejó lugar a dudas sobre este punto: “La comunidad empresaria está pensando en esa Argentina que usted sueña”, le manifestó.
Incluso antes de esto, antes de que se levantara esta nueva ola de desconfianza de los mercados que llevó al empresariado a alentar el “Plan V”, ya se comentaba en conversaciones reservadas que el “círculo rojo” tenía otras preferencias antes que Macri para las elecciones.
El nombre de Roberto Lavagna sonó durante varios días con la misma fuerza que el “Plan V” en medio de este último tornado financiero, y por lo bajo se comentó que eso se debía a que el ex ministro contaría con el apoyo del Grupo Techint, exponente fundamental del poderoso círculo empresarial argentino.
En resumen, la pregunta que queda flotando es si ahora que el Gobierno está más cerca que nunca de habilitar los aportes de campaña por parte de las empresas se verá (como teme el kirchnerismo) beneficiado de esa iniciativa en caso de que Macri sostenga su candidatura o no.
Por otra parte, se debe recordar el origen del proyecto: fue impulsado por Cambiemos luego de verse impactado por la causa de los presuntos aportantes truchos en la campaña electoral bonaerense de 2017 (que es el otro argumento del kirchnerismo le echa en cara al rechazar la ley) y luego el “peronismo no K” se interesó en el tema por el sacudón que significó la “causa de los cuadernos”, que puso la lupa sobre la “plata negra” de la política.
Ambos espacios comparten la misma idea: que se necesita una ley que autorice y bancarice los aportes de campaña hechos por empresas, a las cuales hay que darles la seguridad de que, si colaboran, no terminarán luego dando explicaciones en Comodoro Py.
Con este objetivo casi cumplido pero con una incertidumbre política tan grande que sacude sin piedad y cada vez más seguido a la economía, se abre la pregunta: ¿con quién van a colaborar?.
LA PARADOJA DE LA NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO POLÍTICO
