9 de agosto, 2023
La ministra Mazzina acompañó a Yama y Luna Corín en el inicio del juicio por abuso sexual en contra del progenitor de la jovenDiez años después de la primera denuncia, este martes comenzó el juicio por Luna, quien fue abusada por su progenitor desde los 6 hasta los 9 años. Las audiencias se extenderán hasta el 31 de agosto en Lavalle 1771 y estarán a cargo de los jueces Virginia Sansone, Adrián Martín y Gustavo Pablo Valle, del Tribunal Oral Criminal N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, acompañó a Luna en su declaración durante la primera audiencia del juicio, que se extenderá durante ocho jornadas. En las inmediaciones del tribunal, el MMGyD junto a organizaciones sociales realizaran acciones de reparación comunitaria que incluirán una radio abierta, talleres de prevención y abordaje de las violencias de género y actividades de promoción de derechos.
«La búsqueda de justicia para las víctimas de abuso y para las madres que buscan protegerlas es un camino muy difícil, largo y revictimizante”, expresó Mazzina. «Este caso es una muestra más de la necesidad de contar con un Poder Judicial que no criminalice a las madres protectoras, un Poder Judicial que escuche a las infancias y que actúe con celeridad y perspectiva de derechos humanos», apuntó la ministra. Con respecto al apoyo del MMGyD, la mamá de Luna, Yama Corín, expresó: “Que Ayelén (Mazzina) esté acá representa que tenemos una institucionalidad en función del reconocimiento del Estado de las violencias que sufrimos las mujeres, las diversidades, los niños y las niñas”. El Caso Yama Corín es parte de la agrupación Madres Protectoras, que llevó adelante una lucha durante más de 10 años para cuidar de sus hijos e hijas, quienes les expresaron que sufrían abuso sexual por parte de sus progenitores. Este caso tiene como acusado a Hernán González Rizzi por el delito de abuso sexual contra Luna, y en condición agravada por tratarse de su progenitor, por la situación de convivencia y por ser realizados de forma reiterada, según consta en el requerimiento de elevación a juicio. La causa de Luna comenzó en el fuero civil de Morón en 2011 y al año siguiente, tras la confirmación de los hechos por parte de la psicóloga que la atendía, Yama realizó la denuncia penal. En aquel entonces se dictó la interrupción del régimen de visitas de Luna a Rizzi y se sucedieron las pericias, malos tratos, descreimiento e intentos de revinculación. Si bien la denuncia se realizó en Morón, los hechos tuvieron lugar en la casa del agresor, en el barrio porteño de Flores. Este motivo, entre otros, contribuyó a la postergación de la Cámara Gesell que debía oír a la niña para evitar que deba declarar en un juicio oral. Luna fue convocada a declarar de forma testimonial como adulta, tras cumplir la mayoría de edad en 2020. Mientras el acusado permaneció en libertad, la niña fue revictimizada y Yama acusada por alejar a su hija de él; tal como sucedió en varios casos de madres que, inclusive, terminan recibiendo restricciones de acercamiento a sus hijas o hijos o se encuentran privadas de su libertad. En los últimos años las organizaciones que nuclean a mujeres que denuncian a los progenitores de sus hijas e hijos visibilizaron la criminalización y violencia institucional hacia quienes se reconocen hoy como Madres Protectoras. El juicio de Luna resulta emblemático porque Yama y la organización Mundanas abrieron el camino a muchas otras madres protectoras que buscan justicia y reparación. |
Madres Protectoras que enfrentan las violencias La violencia institucional es el proceso en el que el poder del Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la ley. La pueden ejercer distintas instituciones, como por ejemplo las fuerzas de seguridad, los organismos de salud y de educación, el Poder Judicial, entre otros. El ejercicio de este tipo de violencia contra las madres y las infancias se puede ver en la utilización de estrategias y argumentos jurídicos que ponen en duda la palabra de las víctimas, obstaculizan o dilatan el acceso a la justicia, revictimizan o criminalizan a las denunciantes. 
