La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, manifestó su conformidad con el fallo de la Jueza Elena Liberatori, quien resolvió declarar la inconstitucionalidad de la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) ejecutado por el Gobierno de la Ciudad desde abril del 2019.
La resolución dictada por la magistrada se produce en el marco del amparo colectivo solicitado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.
En su fallo, Liberatori exhortó supeditar la puesta en funcionamiento de este sistema a la ejecución de mecanismos de participación ciudadana y a la realización de un estudio previo relativo al impacto sobre los datos personales, como ya había advertido la Defensoría del Pueblo porteña. Asimismo, afirma que el SRFP se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Además, destaca la relevancia de la información provista por la Defensoría del Pueblo, que permitió probar fallas en su funcionamiento.
En relación al expediente judicial, así como cuando se emitió opinión sobre la reforma de la ley de Seguridad Pública que introdujo el SRFP, la Defensoría recalcó la imperiosa necesidad de realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, en consonancia con la guía confeccionada por la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación y su par de la República Oriental del Uruguay (EIPD).
Ante esta situación, Muiños sostuvo que “esta sentencia es sustancial para la sociedad civil y la población en su conjunto, ya que deja supeditada la implementación del SRFP a que se cumplan con todas las medidas de control pertinente y que, de esta manera, no se convierta en un sistema abusivo para los derechos de la ciudadanía”.
Como organismo defensor de los derechos y garantías de las personas, la Defensoría realizó recomendaciones de carácter legal al momento de discutir la reforma mencionada en la Legislatura porteña. En esa oportunidad, se indicaron cuestiones relacionadas a los potenciales sesgos en los sistemas de inteligencia artificial utilizados, las posibles falencias y planes de respuesta. Además se destacó la importancia de controlar este tipo de herramientas, informar a la población y sobre todo analizar en el caso concreto si cumplen con el principio de proporcionalidad y necesidad.
“La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguirá trabajando en la supervisión del sistema de reconocimiento facial, como así también de otras técnicas de vigilancia masiva, para velar por la seguridad democrática y evitar que se vulneren los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló la Defensora Porteña.
