En una iniciativa que generó tensiones y resistencias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un proyecto que busca establecer sanciones económicas para aquellos individuos que extraigan residuos de los contenedores desplegados en la vía pública. Esta propuesta, impulsada por la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, fue presentada hace veinte días y, finalmente, se ha firmado el dictamen oficial para su tratamiento en la próxima sesión del jueves.
El proyecto tiene como objetivo incrementar el valor de las multas contempladas en el Régimen de Faltas vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual abarca infracciones relacionadas con el ambiente, el espacio público y la higiene urbana. Además, introduce la obligación de realizar acciones de “reparación verde”.
En este contexto, se incluyen aumentos en las penalizaciones para aquellos que depositen la basura en los contenedores fuera del horario establecido (entre las 19 y las 21) o no cumplan con la separación de los desechos domiciliarios en origen. Las multas pueden oscilar entre los 14.446 y 144.660 pesos. Asimismo, se incorpora un nuevo artículo al Régimen de Faltas que sanciona a quienes manipulen “contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos” en la vía pública, con multas económicas que llegan hasta los 101.262 pesos.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la posibilidad de aplicar multas que superen el millón de pesos en caso de que la infracción sea cometida por una persona jurídica, es decir, las organizaciones de recicladores urbanos. Además de las sanciones monetarias, se prevé el decomiso de los materiales recolectados y la imposición de acciones de “reparación verde”.
Este proyecto ha generado rechazo entre las cooperativas de recicladores urbanos, que se han pronunciado en contra de la propuesta. Francisco Dorbessan, de la Federación de Cartoneros y Cartoneras, cuestiona la iniciativa, señalando que multar a las personas que buscan alimentos o materiales reciclables para subsistir es un enfoque equivocado por parte del Gobierno de la Ciudad.
Lucía Jolías, de la cooperativa Madreselvas, ha pedido a los legisladores y legisladoras que retiren el artículo y abran un espacio de diálogo con el Gobierno de la Ciudad para abordar la problemática de los trabajadores informales del reciclado.
Diputadas de Unión por la Patria, como Claudia Neira y Lucía Cámpora, han solicitado al oficialismo más tiempo de discusión antes de llevar el expediente al recinto, exigiendo la presencia de funcionarios del área de Higiene y Espacio Público del Ejecutivo.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, la diputada Gimena Villafruela defendió la propuesta argumentando que su objetivo es fomentar el orden público.
La diputada radical Inés Parry expresó que la incorporación de nuevas sanciones no está mal y confía en que se sancionará el proyecto en la próxima sesión.
Cabe mencionar que, al término de la reunión, miembros del interbloque de Juntos por el Cambio expresaron su molestia por la falta de representantes del Ejecutivo en el debate parlamentario. Como resultado, consideran modificar el artículo controvertido para penalizar exclusivamente a las “personas jurídicas” que cometan la nueva infracción, excluyendo así a quienes recogen residuos de forma independiente.
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