El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, ha decidido suspender por seis meses la emisión de permisos para nuevas construcciones y reformas. Esta medida, que entró en vigor a partir del 15 de agosto de 2024, se toma en espera de la sanción del nuevo Código Urbanístico (CUR), actualmente en trámite legislativo. La decisión busca prevenir el inicio de proyectos inmobiliarios que podrían contradecir la futura normativa y proteger la identidad de barrios con edificaciones de baja altura.
En este sentido, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2/24 establece una moratoria que prohíbe la autorización de nuevos proyectos y prórrogas de obras en Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (USAB) 1 y 2, las cuales se caracterizan por su baja densidad y perfil residencial. La medida no afecta a los permisos de obra ya otorgados ni a los trámites administrativos en curso, permitiendo que las actividades de construcción e inmobiliaria continúen sin alteraciones.
La suspensión busca evitar la especulación y la construcción indiscriminada mientras se discuten y aprueban las modificaciones al Código Urbanístico, que regula el desarrollo urbano en la capital. Según Jorge Macri, “el objetivo es proteger la identidad de la ciudad y garantizar un desarrollo ordenado y sostenible.” El proyecto de reforma, enviado recientemente a la Legislatura, propone ajustar las normas para preservar los barrios tradicionales y fomentar el desarrollo en áreas con la infraestructura adecuada.
Asimismo, la propuesta incluye restricciones para nuevas construcciones, limitando la altura máxima a 9 metros en las zonas afectadas. El nuevo CUR también prevé incentivos para desarrolladores y busca revitalizar los centros comerciales barriales, así como promover el desarrollo en el sur de la ciudad, con un sistema de incentivos para los proyectos que cumplan con los criterios establecidos.
El sector de la construcción expresó su desacuerdo con la medida. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Asociación Empresaria de Vivienda (AEV) han manifestado su preocupación por el impacto que la suspensión tendrá en la actividad inmobiliaria y en la generación de empleo. “Nos parece inadecuada la suspensión del otorgamiento de permisos de construcción en algunos distritos de la ciudad”, señalaron representantes de estas organizaciones, destacando que la medida genera incertidumbre y afecta iniciativas positivas como el blanqueo para la construcción y la disponibilidad de créditos hipotecarios.
Por su parte, las asambleas vecinales agrupadas en “La Interbarrial Buenos Aires” también han expresado su rechazo a la decisión gubernamental. Estas agrupaciones, que representan a más de 20 barrios, cuestionaron la efectividad de la medida, afirmando que no responde a los reclamos de los vecinos. La Interbarrial había solicitado la suspensión de proyectos de obra que superen los 9 metros de altura solo en ciertas áreas de emergencia urbanística y ambiental, pero la medida adoptada afecta a toda la ciudad.
El tratamiento del nuevo Código Urbanístico en la Legislatura podría extenderse hasta fin de año. El proyecto, ingresado la semana pasada, debe pasar por diversas comisiones y ser sometido a votación en dos lecturas antes de su aprobación definitiva. La revisión incluye reuniones de asesores y sesiones informativas, así como una audiencia pública que se llevará a cabo aproximadamente 15 días después de la primera lectura.
En la misma línea, se plantearon preocupaciones sobre la adecuación del CUR actual para enfrentar los desafíos urbanos de la ciudad. La actualización del código busca abordar cuestiones como la saturación de servicios, la pérdida de patrimonio e identidad barrial, y la necesidad de espacios verdes absorbentes en el tejido urbano.
