Desde este sábado Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa estatal porteña, se hará cargo transitoriamente hasta que se complete la nueva licitación pública, de la gestión de las grúas porteñas.
Se debe a que el gobierno porteño dio por finalizado un contrato irregular de la empresa que manejaba las grúas desde hace dos décadas Dakota y BRD. La medida es transitoria, ya que está en trámite la nueva licitación pública. Además, autoridades de la Ciudad acordaron indemnizaciones millonarias para unos 500 trabajadores que serán echados, indemnizados y recontratados por AUSA.
Es el arreglo que llevó adelante Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros, quien no descartaba medidas de fuerza como suspender la recolección de residuos en el territorio porteño cuando denunciaba el intento del gobierno de la Ciudad de “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″.
Después de varias reuniones y gestiones entre la secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, hubo acuerdo entre partes. En los detalles se concretó que cada uno de los 500 empleados mencionados recibiría unos $4.000.000 por una metodología que figura como ley pero se estila hace décadas: una empresa que gana una concesión o cambia su directorio debe despedir al personal, indemnizarlo y volverlo a contratar.
Entonces, los empleados serán reincorporados y trabajarán bajo la gestión de Subterráneos de Buenos Aires, SBASE.
En los registros de la gestión anterior del servicio de grúas de la Ciudad acumulaba una serie de críticas ya que el contrato que tenían las empresas Dakota y BRD pagaban $55.000 de canon mensual, una desactualización arrastrada desde hace una década.
En este sentido, se creó el “Frente anti grúas” desde el Palacio Legislativo, los sectores libertarios, de izquierda y el Frente de Todos que exigió una sesión especial para finalizar los contratos.
Finalmente, luego de que los reclamos se hicieran de público conocimiento, el gobierno porteño canceló el contrato de la empresa, aduciendo que hace tiempo trabajaba para dar por terminados los contratos, que no lo había hecho antes porque las empresas habían judicializado la cuestión.
En cuanto a la nueva contratación, la Ley N° 6.353 autorizó al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para la contratación de la prestación del servicio de grúas para el acarreo de vehículos en los términos del artículo 2.1.5 del Código de Tránsito y Transporte, por un plazo máximo de diez (10) años, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 3 de dicha Ley.
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