Por Ricardo Guaglianone
El jueves 1 de septiembre del año 2005 la Legislatura de Buenos Aires sancionó la Ley de Comunas. Los vecinos que estábamos presentes en las gradas del recinto estallamos en aplausos que parecían no terminar más. No era para menos. Tras años de asambleas, movilizaciones, espacios de coordinación, denuncias judiciales para lograr su aprobación, un proyecto vecinal elaborado por vecinos de Villa Mitre que entro por iniciativa popular a la cámara legislativa, que luego fue el eje de discusión de la ley, junto con otras propuestas, en 47 reuniones, una en cada barrio porteño, que el entonces Ministro de Descentralización Roy Cortinas realizó para recabar todas las ideas y debates que aportaron los vecinos.
Ese trabajo colectivo sería la letra de la ley, esa era la expectativa.
Luego de esas 47 reuniones, se sucedieron las jornadas en la sede parlamentaria donde participaron 50 vecinos elegidos, uno por cada barrio para consensuar los artículos de la ley, en base a lo recogido y anotado en esas deliberaciones.
En la Legislatura los vecinos fueron divididos en cinco grupos con la misión de ir redactando el texto base de la ley de comunas, respetando la discusión y propuestas volcadas en las reuniones barriales, con la promesa que ese trabajo sería el texto definitivo de la norma.
Esa promesa fue la mayor mentira del ministro Cortinas y la primera frustración importante para centenares de vecinos que bregaron para la aprobación de la ley.
Les cuento el procedimiento y como se engañó a todos los porteños: por cada jornada de síntesis de lo debatido en los barrios realizado por esos 50 vecinos convocados a la Legislatura, entre los que me encontraba como representante de Villa Gral. Mitre, se designaban dos representantes de cada grupo de trabajo que se reunían luego en el primer piso de legislatura para supuestamente redactar la ley.
Era un agotador trabajo de muchas horas, para supuestamente, escribir el texto de la ley junto a asesores de Cortinas. Pero todo fue un fraude. La ley ya estaba escrita.
Los asesores del ministro imponían en esas reuniones, un acelerado ritmo de redacción, sin considerar el trabajo de síntesis de los vecinos. La maniobra fue denunciada por los vecinos de Villa Mitre en el primer plenario que hubo para continuar con el trabajo de reducción de las propuestas vecinales. Pedimos hablar antes de comenzar esa reunión, denunciamos la maniobra y el propio Roy Cortinas, tomando el micrófono y se despachó sin filtro: “ustedes los de Villa Mitre son unos reverendos hijos de puta, siempre están haciendo quilombo, lo mejor es que se vayan” y fuimos echados de la Legislatura.
Los participantes de otros barrios decidieron quedarse bajo el argumento que era necesario pelear la ley y había que tragarse algunos “sapos” sin protestar, y seguir peleando palmo a palmo los artículos de la ley.
El gran engaño y la ley
A pesar de este episodio crucial que desnaturalizó la importancia jurídica y el espíritu de la Ley de Comunas, fue muy importante la sanción de la norma, aun con las severas limitaciones que se impusieron a la participación vecinal. Ese 1 de septiembre de hace 23 años, valía el aplauso, no a los legisladores, sino a los centenares de vecinos que hicieron posible la ley, superando la negativa durante años, de los propios parlamentarios de avanzar en el tema.
En ese entonces, como ejemplo de esta situación, Ibarra, en ese momento jefe de gobierno, declaraba públicamente que la ley de Comunas había sido un error en la reforma de la constitución porteña que le otorgó la autonomía política a la ciudad de Buenos Aires.
Esta norma, que posibilito la llegada de las comunas a la ciudad, para apreciar su importancia, es el capítulo sexto de la Carta Magna y tienen la misma jerarquía jurídica que la Legislatura y el Ejecutivo porteño. El comentario de todos, luego de la sanción y los aplausos fue “mejor tener la ley, ya habrá tiempo de mejorarla”.
A 23 años de la sanción de la Ley Orgánica de Comuna Nº 1777, con 11 años de gobiernos comunales, para los vecinos ha llegado la hora de pelear por una reforma de la Ley, porque esa promesa de participación ciudadana implícita en el espíritu de la propuesta constitucional, no se ha cumplido.
La institución diseñada para canalizar y potenciar el protagonismo de la ciudadanía porteña en las decisiones y el control de lo que se hace en nuestros barrios no funciona y el consejo consultivo de vecinos, creado en esta ley, es una instancia estéril y un escenario de estúpidas disputas políticas partidarias, sin que se verifique real participación de la ciudadanía.
No existe gobierno comunal autónomo
Por otro lado, las autoridades elegidas en cada comuna (un jefe comunal y los comuneros) no son un gobierno autónomo como marca la Constitución. Los jefes comunales son un apéndice del poder central, no existe un presupuesto asignado por ley a cada comuna y el dinero que se adjudica para obras (que las decide el gobierno central) no tiene rendición ante el Consejo Consultivo de vecinos.
Tampoco se respeta la mínima autonomía en las facultades exclusivas que tienen las comunas. Solo se las habilitó para intervenir en forma exclusiva, en calles laterales (que no sean avenidas) y espacios verdes. Estas dos facultades son una dàdiva insulsa, al lado de la propuesta constitucional de mayor participación ciudadana y decisión sobre lo actuado en cada barrio.
Hace 23 años, centenares de ciudadanos, de todos los barrios porteños, ante la negativa del poder político a sancionar la Ley de Comunas para democratizar el uso del presupuesto de la ciudad y ampliar la participación civil en la resolución de los conflictos y necesidades de cada comunidad, lograron que se concretara su promulgación.
Por otro lado, los partidos políticos, sin excepción, se encargaron de anular en la práctica estas facultades de la ley de comunas y lograron que los vecinos se quedaran mirando lo que ocurre en sus propias comunidades, como invitados de piedra.
Por lo tanto, sería necesario, sin dudas, ir por una reforma de la ley y hacer reales esos postulados hasta ahora en deuda: “un ámbito institucional local autónomo, donde los ciudadanos y las autoridades elegidas pueden complementar sus esfuerzos para mejorar el bien común de cada barrio y de la ciudad en su conjunto”.
La promesa implícita de esta novedosa y original institución porteña, no se ha cumplido ni en lo más mínimo, es más, miles y miles de vecinos no saben de la existencia de una junta comunal ni de los Consejos Consultivos Comunales cooptados por los partidos políticos.
Existe una gran tarea que hacer: lograr la reforma de la ley de comunas para que cumpla su cometido elaborado en la constitución de la ciudad. Para lograr este cometido, son indispensables los partidos políticos, a los que sinceramente, les importa un carajo la Ley de Comunas y por decantación de esta postura, les importa un carajo la participación real de los vecinos.
