Con 227 votos a favor, la Cámara baja aprobó la reforma de la ley de barrios populares que, entre otros puntos, prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencieron el 15 de octubre pasado.
Con una amplia mayoría se aprobó la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, y se giró al senado para la segunda instancia legislativa. Se trata de una reforma a la ley de integración socio-urbana de barrios populares sancionada en 2018. En ella se propone ampliar el alcance de la ley, declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios (de 4.416 barrios a 5.687), prorrogar la suspensión de los desalojos, garantizando la implementación de la ley y el derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos. También incluye el fortalecimiento de acceso a los servicios públicos y garantiza una tarifa social para aplicar a todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que es el organismo que reúne toda la información sobre los barrios populares.
El proyecto de ley, pretende actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, pero también declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por un plazo de 2 años, garantizar servicios públicos básicos e incorporar la perspectiva de género como uno de los criterios para la titularidad de las futuras viviendas.
El plenario dio curso a la propuesta por 227 votos positivos aportados por: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda. También hubo dos sufragios negativos: el de Francisco Sánchez (del Pro) y Carolina Píparo (de Avanza Libertad) y 3 abstenciones de los diputados Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (de Ahora Patria y Juntos por el Cambio).
Durante el cierre del debate, la electa diputada por el Frente de Todos (Patria Grande) Natalia Zaracho, que vive en un barrio popular de Villa Fiorito, enfatizó mientras mostraba su certificado de vivienda: “es muy importante este papel que dice donde viven mis hijos y yo», y sostuvo la importancia del consenso entre todas las fuerzas políticas para la aprobación de la ley. «Las obras llegaron a los barrios y ahora la gente vuelve a creer en la política. No estamos discutiendo una ley, sino una política pública que garantiza derechos», concluyó.
El proyecto forma parte de un paquete de medidas consensuadas entre las distintas fuerzas, en las que se incluyen entre otras: un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio (de Plaza Once) donde funcionaba el local bailable Cromañón que, en 2004 protagonizó la tragedia que le costó la vida a 194 personas.
Además, se aprobó la renuncia de Victoria Tolosa Paz, ya que asumió como Ministra de Desarrollo Social y, en su lugar, ocupa la banca la dirigente (también del Frente Renovador) Micaela Morán, que concluye su mandato en diciembre del 2025. En la misma sesión, se rindió homenaje a los exlegisladores Héctor Polino (Partido Socialista) y Fabián Ríos (del Frente de Todos de Corrientes), fallecidos en las últimas semanas. Redacción Línea Oeste
