Cuatro agentes de la Policía del Chaco fueron detenidos en las últimas horas por estar acusados de perpetrar un violento ataque contra una familia de la comunidad qom en la ciudad de Fontana, confirmaron fuentes oficiales a la agencia NA.
El sábado 30 de mayo, agentes de la Policía de Chaco ingresaron a las patadas a una humilde vivienda de una familia de la comunidad Qom en Fontana, episodio que quedó registrado en imágenes que fueron viralizadas a través de las redes sociales, en un hecho de violencia institucional.
El hecho motivó que el gobernador Jorge Capitanich dispusiera el apartamiento de los efectivos que participaron del ataque, en un caso que generó conmoción e incluso motivó el repudio público del presidente de la Nación, Alberto Ferández.
Luego del pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala ordenaron la detención del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti; del sargento Cristian Omar Benítez, del cabo Cristian Ariel Flores y del agente Orlando Sergio Cabrera.
Además, se pidió que la imputación formal vaya acompañada de la prisión preventiva.
Por pedido de la Secretaría, que desde un primer momento se constituyó como querellante, los cuatro agentes fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios en los hechos de público conocimiento ocurridos en Fontana.
La disposición logística y las herramientas tecnológicas aportadas por la secretaría provincial posibilitaron que las declaraciones puedan realizarse por videoconferencia.
Las declaraciones de tres de las víctimas y una testigo fueron fundamentales para reconstruir los hechos y lograr estas primeras detenciones, más allá del video que se viralizó en las redes sociales. .
«Estamos garantizando un abordaje jurídico con perspectiva de derechos humanos y de género, por ello la querella del Estado es clave para terminar con la impunidad y garantizar justicia a las víctimas», manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, acompañada por el abogado de la secretaría Kevin Nielsen.
Además, la cartera provincial pidió que la imputación formal vaya acompañada de la prisión preventiva ante el riesgo procesal que implica, tanto por peligro de fuga en los delitos graves a los que se le acusa, como por el peligro de entorpecimiento de la investigación.
La funcionaria consideró que «este tipo de prácticas no solo violentan los derechos humanos de chaqueñas y chaqueños, sí no que desprestigian a las fuerzas de seguridad», por eso insistió en que «caerá todo el peso de la ley sobre aquellas personas que ejerzan violencia o abusos de poder», ya que «éstas prácticas no son toleradas en el Chaco de 2020».
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