El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declara una medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al incumplimiento del aumento salarial acordado. La falta de recursos económicos de las empresas de transporte genera un conflicto que no puede ser resuelto mediante la conciliación obligatoria por parte del Gobierno. Conozcamos los detalles de esta disputa que afecta a los usuarios del transporte público.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al incumplimiento del aumento salarial para los trabajadores del sector. La medida de fuerza está prevista para mañana viernes, a menos que las empresas paguen el aumento antes de esa fecha.
El conflicto surge a raíz de la última reunión paritaria, en la que las autoridades nacionales aprobaron el incremento salarial exigido por los representantes sindicales. Sin embargo, las empresas de transporte se retiraron de la reunión sin firmar el acuerdo, alegando que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar dicho incremento.
En esta ocasión, a diferencia de situaciones anteriores, el Gobierno Nacional no puede dictar la conciliación obligatoria para desactivar el paro de colectivos. La disputa se centra en quién debe asumir el costo del aumento salarial para los trabajadores del sector.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) demanda un incremento retroactivo en los salarios, estableciendo un básico de 262 mil pesos desde abril, así como un bono no remunerativo de 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores. Las empresas argumentan que no disponen de los recursos económicos necesarios para cumplir con estas exigencias.
Ante el incumplimiento del aumento acordado, la UTA advierte que realizará una retención de tareas a partir de la medianoche del viernes 7 de julio, en caso de que no se cumpla con el incremento salarial. El sindicato enfatiza que los trabajadores no pueden depender de disposiciones reglamentarias para percibir sus haberes y rechaza que se utilice la problemática del servicio como excusa para no cumplir con los salarios.
Las empresas de transporte argumentan que no pueden afrontar el aumento salarial debido a la falta de recursos económicos. Consideran que la responsabilidad recae en el Gobierno y en la necesidad de actualizar el monto de los subsidios estatales que reciben para poder hacer frente a los sueldos con el correspondiente aumento.
Aunque sigue vigente la posibilidad de suspender la licencia de las operadoras de colectivo que realicen paros, las empresas enfrentan dificultades para tomar medidas de fuerza debido a que esta sanción solo puede aplicarse cuando la protesta es convocada por la patronal y no por un gremio.
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