Lo determinó la justicia ya que en los últimos tres años el gobierno porteño buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, enviándoles de forma ilegal del Registro Nacional de la Personas, RENAPER, a los datos de la Ciudad. Entre los afectados están incluidos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La disposición la realizó el Juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Andrés Gallardo quien suspendió el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires y allanó la sede del Ministerio de Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño tras detectar la migración irregular de datos biométricos del RENAPER de más de 7,5 millones de personas hacia CABA, incluidos el Presidente, la Vicepresidenta, jueves de la Corte Suprema y el CEO de Clarín.
Todo comenzó a raíz de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y de una denuncia del CELS, entonces la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar si este tipo de procedimientos pudo haber sido utilizado para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia de políticos, dirigentes sociales, sindicalistas y otras personalidades.
Andrés Gallardo, el magistrado que lleva adelante la causa, dejó sin efecto así el sistema de reconocimiento facial de prófugos que el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro había ofrecido para perseguir manifestantes, ya que se descubrió que se estaba usando para obtener datos biométricos, entre esas 7,5 millones de personas, de políticos, sindicalistas, jueces, empresarios, periodistas y dirigentes.
Entre las personas cuyos datos fueron migrados forma ilegal del RENAPER a CABA por parte del gobierno de la Ciudad, figuran los dirigentes más importantes del oficialismo, como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el diputado Máximo Kirchner; pero también integrantes del propio espacio del jefe de Gobierno porteño, como Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa Carrió. Además de jueces como el ex titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, o como el CEO de Clarín, Héctor Magnetto.
Por su parte, D’Alessandro, en diálogo con Clarín, desligó al sistema de reconocimiento facial para prófugos del convenio con el RENAPER. Dijo que las “10 millones” de consultas al organismo son parte de una tarea rutinaria y sostuvo que “un control de tránsito, en una denuncia, si pedís certificado de domicilio o el certificado de circulación Covid, en todos esos casos se consultaba al RENAPER”.
Pese a estas aclaraciones, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales explicaron que en realidad el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que tiene a cargo la Ciudad estaba habilitado para migrar datos biométricos de las personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), pese a que la administración PRO quería utilizarlo también para perseguir manifestantes.
En 2019 eran unas 35.000 las personas incluidas en el CoNaRC llegaron a ser 40.000 al momento de contestar el oficio, mientras que entre abril de ese año y marzo del 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde el Ministerio de Seguridad porteño fueron más de 9 millones.
Desde el CELS también enfatizaron que “el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas”.
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