Un grupo de padres de la Ciudad de Buenos Aires, fue a la Justicia, para evitar que cierren las aulas.
Luego del anuncio del Presidente Alberto Fernández, acerca del cierre de la presencialidad de las clases, durante 15 días, un grupo de padres de escuelas porteñas, decidieron ir a la justicia para declarar nulo el decreto.
La defensora oficial María Lorenz González Castro Feijóo y la asesora tutelar Norma Beatriz Sas hicieron la presentación en la justicia en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires en la que pidieron una medida cautelar en la que “se declare la suspensión de los efectos del DNU 241/2021″.
El grupo de 20 padres que se presentó a la justicia, señalaron, por parte de las funcionarias mencionadas, que “Queda en evidencia que la medida adoptada lo fue sin ningún tipo de rigurosidad ni sustento científico epidemiológico; por lo que debe ser categorizada como irrazonable”.
En este sentido, opinaron que el decreto del Presidente vulnera la autonomía que la Constitución Nacional le da a la Ciudad autónoma de Buenos Aires. “La defensa de esta autonomía, como autoridades constituidas, le compete al señor Jefe de Gobierno, en cuanto a no cumplir con una normativa nacional inconstitucional, como a los integrantes de este Poder Judicial para restablecer los derechos vulnerados por esa normativa”.
Además, señalaron que “el Estado Nacional debe asegurar el acceso a la educación en el caso en el que las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción asimilada a éstas, no lo cumplieren. No impedirlo ni organizarlo de manera tal que implique una negación de ese derecho”.
Por otra parte, remarcaron que las clases son de suma importancia las clases presenciales, y lo problemas que pueden generarle a los chicos si no pueden asistir a las aulas.
“UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones. Remarcando a su vez que el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias”, alertaron las dos funcionarias en su amparo.
