El Plan “Acompañar”, consiste en un subsidio, por un importe igual a un salario mínimo, vital y móvil que será abonado durante seis meses.
Debido al aumento de los casos de violencia de género, en medio de la cuarentena, el Gobierno Nacional decidió otorgar un subsidio y asistencia psicológica, no solo a las mujeres, sino también a personas LGBTI+ que son víctimas de violencia de género.
Mediante el Decreto 734/2020, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se comunicó la creación del “Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (ACOMPAÑAR)”, que -en el ámbito del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad- tendrá como objetivo “promover la autonomía de las mujeres y de las personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.
El decreo comprende a mujeres y personas LGBTI+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) “que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentran expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social”.
Requisitos para acceder a la prestación del Programa ACOMPAÑAR: en principio la persona deberá acreditar que es víctima mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. La asistencia económica podrá ser solicitada por “toda persona residente en el país” (o extranjera con residencia legal en Argentina no inferior a un año) mayor de 18 años.
Sin embargo, es importante aclarar que el plan ACOMPAÑAR es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH); la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social; la Asignación por hijo con discapacidad; el monotributo social; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); y trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
No obstante, se aclara que es “incompatible” con personas con ingresos por trabajo en relación de dependencia, ya sea en el sector público o privado; monotributistas y autónomos, con subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado Nacional; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo; pensión universal para adulto mayor; prestación por desempleo.
“Se podrá disponer el cese de la percepción del referido apoyo económico antes del cumplimiento del término por el que haya sido otorgado, previo informe social del dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CABA, cuando se constatara que han desaparecido las condiciones que justificaron su otorgamiento”, aclaró el decreto que lleva las firmas de Alberto Fernández y de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
Durante el plazo de asistencia económica, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, brindará acompañamiento “promoviendo el fortalecimiento psicosocial de la persona”. El pago del subsidio estará a cargo de la ANSES.
El Gobierno justificó la medida apelando a que “la violencia de género suele tener un componente de dependencia económica”. Por ello, el Estado “entiende que debe ser primordial promover la autonomía de las personas en riesgo”. El subsidio apunta además a reducir femicidios, travesticidios y transfemicidios “que ocurren diariamente”.
